PROPUESTAS DE POLÍTICAS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

Desde CRA entienden que quedó debidamente expuesta la problemática general de los productores en todo el país y ahora “espera con ansiedad las respuestas concretas a cada punto propuesto”. “El campo tiene problemas y en algunos casos son graves, se los hicimos notar al ministro y ahora esperamos que el diálogo iniciado genere las medidas urgentes que se requieren. Hemos hablado con franqueza y trasladamos lo que recibimos todos los días de boca de los productores. Ahora es tiempo de las respuestas”, dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Rubén Ferrero.

El documento elaborado por CRA señala que se requiere del diseño de políticas públicas que otorguen un horizonte de mediano y largo plazo, garantizando reglas claras y seguridad jurídica, asegurando el desarrollo económico y social del país. Para ello, proponen una agenda de medidas de corto y mediano plazo como base para el diseño de un plan estratégico de largo plazo para la interacción del sector privado y público de forma tal de potenciar sus fortalezas. Entre los objetivos buscados, se destacan:

 

* Proveer alimentos de acuerdo a las necesidades de consumidores argentinos y del mundo.

 

* Promover el desarrollo económico de las ciudades y comunidades del interior, generando las condiciones para el arraigo, incrementando la oferta de servicios educativos, de salud, transporte y comunicaciones.

 

* Preservar los recursos naturales y mantener una relación más amigable con el medio ambiente impulsando políticas para el uso sustentable de los suelos y la reposición de nutrientes.

 

* Incrementar la productividad del sector agropecuario y agroindustrial, agregando valor a través de la incorporación de tecnología, capital, trabajo y servicios.

 

* Promover el comercio internacional de productos argentinos, incrementando el grado de inserción internacional.

 

* Mejorar el diálogo público-privado, a través de los canales institucionales.

 

* Contribuir a la implementación de un sistema tributario más equitativo en términos de carga fiscal, estimulando la producción, la creación de puestos de trabajo y la generación de riqueza.

 

* Diseñar una política de incentivos para las distintas actividades agropecuarias, basadas en beneficios fiscales y crediticios, considerando los ciclos productivos.

 

* Establecer un régimen de exportación que permita incrementar la inserción externa de los productos agropecuarios, otorgándole previsibilidad y evitando las distorsiones en la formación de los precios internos.

 

Puntos clave

 

Los puntos que aborda el documento son: granos; carne bovina; ajo; sectores tabacalero, porcino, ovino y caprino; lechería; algodón; frutas y hortalizas; arroz; apicultura; riesgo climático; negociaciones Mercosur Unión Europea/OMC; forestación; seguridad jurídica, y transporte. Las principales consideraciones sobre los puntos sobresalientes se desarrollan a continuación.

 

Frutas y hortalizas

 

El objetivo es producir frutas y hortalizas, en fresco y procesadas, de primera calidad, siendo identificados como productores confiables y eficientes, en el mercado interno y externo.

 

Se desea mejorar la competitividad de empresas e industrias que conforman la megacadena de frutas y hortalizas a través de una mayor organización y la aplicación de técnicas y prácticas más adecuadas.

 

Para ello se requiere instrumentar capacitaciones a los productores, aplicación de tecnología disponible, uso eficiente del agua y prácticas poscosecha, entre otras, para agregar valor a la producción.

 

Es necesario contribuir a la creación de un mercado global, en el cual haya un centro de información electrónica que sea la base para regularizar el abastecimiento de frutas y hortalizas.

 

Debe hacerse hincapié en promover la formación de un equipo técnico de trabajo entre INTA, INTI, entidades rurales, etc., con asistencia financiera.

 

Implementar un plan de control de la operatoria frutihortícola a ser aplicado por el Gobierno y otras instituciones privadas que regulen la información y promuevan el consumo de dichos productos a nivel regional y nacional. Es necesario invertir y fortalecer los sistemas de calidad certificada de productos para consumo.

 

El panorama para el sector granario

 

Trigo: tiene un potencial de producción para la campaña 2012/13 de al menos 18 millones de toneladas (t), considerando un régimen de exportación previsible que fomente la inversión y genere expectativas favorables para llevar el área a 6 millones de hectáreas (superficie que fue superada del 2002 al 2005).

 

El consumo interno de 4.5 millones de toneladas estaría abastecido sin inconvenientes.

 

Generaría un ingreso de divisas por US$ 3.360 millones. Otorgaría una mayor sustentabilidad productiva al favorecer el doble cultivo.

 

Maíz: su potencial de producción para la campaña 2012/13 es de al menos 35 millones de toneladas, considerando un régimen de exportación previsible que fomente la inversión y genere expectativas favorables para llevar el área a 5 millones de hectáreas. El consumo interno de 8 millones de toneladas estaría abastecido sin inconvenientes. Generaría un ingreso de divisas por US$ 6.800 millones. Otorgaría más sustentabilidad al favorecer la rotación.

 

El aumento de producción de los 2 cereales tendría un impacto positivo sobre la cadena y la macroeconomía.

 

Para que se cumpla con este escenario, el documento de CRA señala que se deberían seguir los siguientes puntos:

 

Régimen de exportación de granos previsible a través de la aplicación de la Ley 21.453 de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. Registro de Exportaciones de Granos abierto durante todo el año.

 

Plazos de pago de derechos de exportación. De ser gradual la eliminación de ROE Verde, se solicita la unificación de los plazos de pago de los derechos de exportación, posterior al momento del embarque, y vigencia de los ROE a 365 días, permitiendo la competencia entre exportadores.

 

Créditos del Banco Nación Argentina a tasa cero para el trigo.

 

Implementación del Programa Trigo/Maíz Plus. El Gobierno anunció a fines de 2009 un esquema de devolución de retenciones a través de imputarlo a cuenta de impuesto a las ganancias, sujeto a superar determinado umbral de producción.

 

Reducción del diferencial arancelario para la exportación de harina. La cadena triguera se encuentra fuertemente distorsionada por las regulaciones a través de los ROE y el diferencial arancelario a favor de la industria molinera que asciende al 10%. Países limítrofes como Chile y Uruguay tienen vigentes medidas de restricción frente al subsidio que implica esta medida que perjudica sus producciones locales.

 

A nivel local, esta política ha generado que el precio de la harina tome valor internacional y se traslade al mercado local incrementando el valor del pan a los consumidores. Argentina pierde por dejar de exportar trigo US$ 800 millones, por lo tanto es necesario eliminar el diferencial arancelario llevando las retenciones del trigo al 13% equiparándolas con la harina y derogando los ROE.

 

Eliminación progresiva de los derechos de exportación al complejo granario. El efecto fiscal de la medida sería neutro debido a que la reducción de alícuotas se compensaría con el incremento en el volumen producido y exportado.

 

En relación a la soja, y como un paso inicial, se podría volver a la situación anterior a 2007, reduciendo en 4% la alícuota.

 

Sector tabacalero, pilar para las regiones NOA y NEA

 

La actividad tabacalera constituye un pilar de importancia superlativa para las provincias del NOA y NEA. En muchas de ellas es la principal actividad económica, tanto en términos de ingresos como de fuerza laboral empleada.

 

Existe una serie de factores que inciden de manera directa o indirecta restándole competitividad al sistema productivo, generando incertidumbres que desalienta las inversiones. Estos factores o problemas son:

 

De mercado: mercado imperfecto, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Comercio, contrabando-competencia desleal, exigencias para importaciones con menores requisitos que la producción nacional.

 

Inexistencia de mecanismo objetivo de determinación de precio de acopio: por las normas de desregulación económica impulsadas en los 90 se eliminó de la Ley 19.800 el mecanismo de fijación de precio de acopio mediante el cual la SAGPYA laudaba entre las partes. No hay actualmente organismo que regule el accionar del oligopolio de compradores de tabaco y no existe mecanismo previsible de fijación de precio.

 

Incumplimiento de Ley 25.465 en cuanto al giro automático de los recursos (Ley 25.465/2001) del 80% prescripto por esa norma.

 

Limitaciones en la competencia en el mercado internacional: se debe tener muy presente que actualmente el tabaco proveniente de Africa, con relación al argentino, tiene mayor ventaja competitiva en el mercado europeo. Esto se debe a que las importaciones agrícolas de la UE que provienen de Africa no están cargadas con la tasa impositiva del 10% valor CIF que paga Argentina.

 

De producción y transporte: Ausencia de crédito.

 

- Sistema financiero: Existe una notable falta de asistencia por parte de las entidades bancarias para acompañar al productor en los momentos más críticos.

 

- Inexistencia de compensación por mayores fletes, según distancia a puerto: la actual red ferroviaria se encuentra obsoleta e ineficiente.

 

Cargas sociales y de mano de obra: incremento de los costos de los insumos y servicios e insuficiente mano de obra durante la cosecha.

 

- Planes sociales compiten con empleo genuino productivo: el registro del empleo productivo durante los meses de cosecha (3 meses) hace perder los planes que se cobran durante todo el año, lo cual genera resistencia de la gente a ser registrada como empleada.

 

De carácter impositivo o presión fiscal: existe una fuerte carga tributaria y contributiva sobre el sector y un sistema tributario con un grado de complejidad tal que requieren cuantiosos esfuerzos en recursos humanos para dar cumplimiento al mismo.

 

- Inadecuada fijación de derechos de exportación (10%): más del 80% del tabaco producido en nuestras provincias se exporta y ha sido clasificado erróneamente como producto primario.

 

De acuerdo a la clasificación internacional industrial uniforme (CIIU) y al INTI se debe considerar como un producto manufacturado, en consecuencia debería estar sujeto a un derecho de exportación del 5% y no del 10% como en la actualidad. El peso de este gravamen es trasladado del exportador al productor primario, impidiéndole recibir una retribución razonable por su producción, perjudicando así el desarrollo de una actividad de gran impacto multiplicador en las economías regionales.

 

Carne bovina, estratégica para el desarrollo económico

 

La cadena de la carne bovina es un sector estratégico para el desarrollo económico y social y para incrementar el federalismo de Argentina. Es la segunda en términos de valor bruto de producción dentro del sector agroindustrial. Para lograr aumentos sostenidos de la producción, la productividad, el valor agregado y el empleo es necesario implementar una serie de medidas que le brinden previsibilidad.

 

Régimen de exportación de carne bovina previsible: es necesario contar con un régimen que brinde un marco de referencia para los actores de la cadena. Actualmente existen licencias no automáticas de exportación que no permiten el incremento de las exportaciones, distorsionan la formación de precios al productor y generan un gran riesgo de la cadena que se traduce en una caída en el nivel de producción y exportaciones, siendo la más baja de los últimos 10 años.

 

El sistema ha demostrado su rotundo fracaso. Sus consecuencias más visibles son: imposibilidad de mantener artificialmente bajos los precios de la carne al consumidor, incumplimiento y reparto a destiempo de la cuota Hilton.

 

Herramienta de recomposición de stock: estímulo a la cría y al novillo pesado a través de incentivos fiscales.

 

IVA: restablecer el esquema de liquidación de impuesto al valor agregado en forma anual con pago anual. El actual esquema genera un costo financiero muy elevado.

 

Ajuste por inflación: restablecer el esquema de ajuste por inflación para la actividad ganadera. Eliminación de ganancias por tenencia. Implementar para la invernada un mecanismo que permita valuar los inventarios iniciales y finales a valor de cierre, morigerando el impacto negativo de los resultados impositivos por tenencia. La imposibilidad de efectuar el ajuste por inflación ha generado sobre los productores ganaderos, en particular los invernadores, ganancias ficticias no realizadas que son gravadas por el impuesto a las ganancias sobrestimando el monto a tributar por el productor. La modificación de esta normativa adecuaría el pago del impuesto a las ganancias a una ganancia real.

 

Rendimientos de faena: implementación obligatoria del sistema de caja negra o sistema de control electrónico de faena de bovinos y estandarización de las normas de dressing y faena. Sería un sistema centralizado y obligatorio para todas las plantas del país. El objetivo es posicionar la carne argentina a la altura del primer mundo en cuanto a la transparencia en el negocio de la faena y exportación. Este sistema de información sobre la faena permitirá más y mejor información en todos los eslabones con transparencia en igualdad de condiciones entre todos los productores. El productor se beneficiaría, ya que cada dueño de la tropa puede acceder a su propia información de manera privada y podrá saber qué pasó con cada uno de sus animales, cuánto pesó, cuánto rindió, en menos de 24 horas de ingresada la información al sistema.

 

Modernización de la industria frigorífica: establecer un estándar único sanitario, impositivo y previsional para la industria cárnica de exportación y consumo.

 

Aspectos sanitarios: incrementar los controles sanitarios y los recursos destinados a la prevención de la fiebre aftosa frente al riesgo que existe a nivel regional. Fortalecer los servicios sanitarios nacionales y su participación en los planes de radicación de las enfermedades tales como: garrapata, brucelosis, tuberculosis y rabia paresiante. Fortalecer la participación a nivel regional del Mercosur y países limítrofes en organismos supranacionales, incrementando la coordinación y armonización de los programas de control, erradicación y prevención de la enfermedad del sistema continental de control y erradicación de la fiebre aftosa.

 

Riesgo climático y emergencia

 

El riesgo climático es un elemento inevitable de la producción agropecuaria, que debe ser manejado para dar seguridad a la familia y empresa agropecuaria. La producción agropecuaria varía considerablemente en términos interanuales debido a incidentes climáticos tales como granizo, sequía, inundación, infestación, plagas y enfermedades o cambio de precios del mercado entre otros factores, causando fluctuaciones considerables en los ingresos económicos de los productores con el consecuente impacto en las economías regionales y nacional.

 

Estas incertidumbres dificultan las inversiones de largo plazo de las empresas agropecuarias y, en muchos casos, obligan a los productores más vulnerables a dejar la actividad sin posibilidades ciertas de inserción en otra actividad económica. De hecho, la población rural más afectada por cualquier tipo de incertidumbre, es el productor con menor disponibilidad de recursos.

 

A largo plazo es necesario comenzar a pensar en la implementación de un seguro agrícola integral. Estos ya son entendidos en el mundo como una de las formas más eficaces para lograr estabilizar los ingresos esperados por el productor agropecuario, para que este pueda continuar con su desarrollo dentro de la actividad y en el marco de su comunidad.

 

El objetivo es promover una nueva ley de seguros agropecuarios que proteja y fomente el esfuerzo de los productores, con bonificación de la prima a través de la asignación de recursos del presupuesto nacional.

 

Políticas: emergencia agropecuaria: dictar mediante resolución las zonas de emergencias agropecuarias afectadas por La Niña y acceso a financiamiento blando.

 

- Eliminación de los derechos de exportación

 

- Ley sistema integral de coberturas agropecuarias y forestal para la universalización de instrumentos para la prevención, reducción y transferencia de riesgos con bonificación de la prima a través de la asignación de recursos del presupuesto nacional.

 

Sector porcino, de bajo consumo

 

Según el Ministerio de Agricultura, el consumo promedio per cápita, de los últimos 10 años no supera los 7 kg anuales. El consumo interno es relativamente muy bajo cuando se lo compara con otras carnes (vacuna, aviar), así como también respecto del consumo en otros países. En 2010, el consumo per cápita de carne porcina en Brasil fue un 82% superior respecto del nacional mientras que el consumo per cápita en Chile fue un 180% mayor comparado con el promedio en Argentina.

 

En materia de exportación, históricamente el nivel ha sido bajo respecto de la producción nacional, en los últimos 10 años, las exportaciones nunca han representado más del 3% del total producido, mientras que las importaciones significaron, en promedio, el 25% del consumo nacional. Considerando los beneficios nutritivos asociados al consumo de carne porcina y el hecho de que nos encontramos muy por debajo de la media mundial de consumo de carne porcina per cápita (16 kg anuales) identificamos que el potencial de crecimiento es grande y positivo para la sociedad